No solo de estupor vive el hombre en los tiempos del COVID19…
La vida en un país de primer mundo como España llevaba aparejada certezas, y detrás las cuales llegaron los inmigrantes… Y es que la Diáspora venezolana solo ha dejado de entrar a España por el cierre de fronteras, y no por otra cosa: como si no pasara nada, seguimos recibiendo llamadas de paisanos que solo esperan que la crisis amaine.
Pero hoy nos preocupan los que estamos aquí. Los que tenían citas, certezas, para realizar sus trámites ante la Policía Nacional y las Oficinas de Extranjería. Y los que sabían, también con certeza, que iban a poder solicitar sus citas para realizar sus trámites, y de alguna forma u otra, regularizarse: el cierre de todas las oficinas de las Administraciones Públicas y la anulación de todas las citas, no hace más que sumirlos en la más absoluta incertidumbre.
Y se han adoptado dos medidas básicas, más o menos a trancas y barrancas, pero que quieren tender a dar un piso de certezas. Movedizas, parecieran, pero certezas:
- Las Tarjetas de Identificación de Extranjero se consideran como NO CADUCADAS. Ojo, no están prorrogadas.
- A los que se les cumplen seis meses durante el Estado de Alarma, después de la entrevista de solicitud de protección internacional, se entenderá que ya tienen autorización de trabajo.
Pero ahora comienzan los agujeros negros, y para ello debemos considerar el alcance de la suspensión de todos los plazos administrativos, donde debería estar el comienzo de la respuesta.
Si consideramos que esa suspensión es absoluta, el tiempo transcurrido entre el 14 de marzo y el día que cese el Estado de Alarma NO EXISTE. Y es que ésta, y no otra, debería ser la solución más justa PARA TODOS. Es decir, que ese período debería sumarse tanto a los tiempos de caducidad de todos y cada uno de los documentos de identificación como a los plazos para su renovación. No consideramos aceptable la casuística individual en este aspecto: la solución debe ser universal, y en tal sentido debe legislarse.
La promesa básica es que las citas serán reprogramadas, pero nadie sabe cómo ni cuándo.
Especial atención merecen, en este momento, los solicitantes de asilo venezolanos que tienen ya resolución sobre su caso. Ha sido práctica administrativa de este gobierno establecer una discriminación positiva a su favor, aparejando a la denegatoria la concesión de una autorización de residencia y trabajo por un año de régimen general, por la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjeros, prorrogable por un año o dos, dependiendo de la circunstancia.
El problema específico en este caso es que el trámite de asilo es llevado por la Policía Nacional, que sirve de vaso comunicador entre el interesado y la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) y su órgano instructor, la Oficina de Asilo y Refugio, dependientes ambas del Ministerio del Interior.
En este sentido, se han delegado enteramente en ese cuerpo de seguridad del Estado TODAS las interrelaciones administrado-Administración, y es aquí donde surge el problema. A cada solicitante de protección internacional se le indica que debe acudir, previa cita, a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que le corresponda, cada SEIS meses después de la entrevista, con el fin de enterarse del estado de su trámite. Pero es que la CIAR produce decisiones todos los días, no cada seis meses, y ninguna de estas decisiones son oportunamente notificadas a los interesados, tal y como lo ordena la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
Así, a día de hoy hay decenas de paisanos que se quedaron en esa situación intermedia de “estás denegado”, y les retiraron sus Tarjetas Rojas. Y la crisis del COVID19 los dejó en el aire. Sin identificación cierta. Y en la mayoría de los casos, sin resolución, sin tarjeta y sin pasaporte.
Y esto solo en lo que atañe a los que están más o menos con papeles. Pasándola mal, como estamos los casi cincuenta millones de habitantes de España. Y peor aún los irregulares. Pensando cómo van a llenar la nevera el día siguiente, ya que ahora no hay de otra.
Se repiten, ad infinitum, las amenazas de los arrendadores. No hay desahucios, les decimos, pero la presión de los caseros es mucha. Sin techo y con hambre. Combinación explosiva.
Nos topamos aquí con la data de los Servicios Sociales de los tropecientos Ayuntamientos que prestaban, y que siguen intentando prestar, las ayudas que el estado de bienestar obliga. Y de las Oenegés que eran sus auxiliares. Sus presupuestos están más que desbordados, y ya han agotado las partidas correspondientes al 2020.
Y añadimos algo más al caldo. Los que trabajan en negro, bien por no poder conseguir un contrato de trabajo en forma, bien por carecer de autorización de trabajo.
Cuando le preguntas a un paisano ¿cómo estás?, la respuesta invariable es “echando palante”. Todos tenemos ganas de trabajar. Que este país nos brinde una oportunidad. Nosotros no estanos pendientes de ayudas, a muchas de las cuales no podemos acceder, ni sabemos lo que es un ERTE, ni un cese de actividad. Simplemente, lo que queremos es trabajar y echarle ganas. Legales, eso sí.
Los venezolanos no queremos ir a Oenegés. Nuestra vergüenza no nos permite pedir ayudas. Muchos elegimos a España como nuestro primer destino, y esta tierra nos ha acogido. Mal o bien, pero aquí estamos, y por España apostamos. Ya no queremos (y tampoco podemos) irnos a ningún lado.
En un eterno esperar, aquí estamos. Regularización para muchos, oportunidades para todos. Que las ganas de trabajar, de aportar, son muchas.
Somos Raquel Pestana y José Antonio Carrero Araujo, para toda la bolita del mundo desde Santa Cruz de Tenerife, donde sea que haya un venezolano de la Diáspora. Búscanos en Facebook, o en Instagram, @CarreroAbogados, o por nuestros teléfonos +34 627460055 y +34 675720786.